El tercer post en una serie de reflexiones de nuestro CEO, Juan Millán, sobre las smart cities en un entorno de COVID. En los anteriores posts hemos visto el posible impacto del COVID como potencial amenaza para el atractivo de las grandes ciudades. Ahora queremos poner el foco en entender la importancia de la gestión de prioridades de los distintos stakeholders de las smart cities.

Los proyectos de smart cities son vertebradores de una ciudad y muchas veces afectan a varios verticales (como en un municipio pueden afectar a distintas concejalías y a empresas públicas). Aunque el objetivo de todos sea el “bienestar del ciudadano”, la manera de conseguirlo puede variar. Esto es en situación normal.

Sin embargo, la pandemia está poniendo en primera línea mediática la toma de decisiones que, como decíamos en nuestro post anterior, se está realizando en gran medida “on the run”. Esto dificulta enormemente la toma de decisiones real, ya que incorpora un componente de “miedo escénico” en la parte de los tomadores de decisión públicos. Al mismo tiempo, el ciudadano que normalmente vive ajeno a estos procesos pasa a tener un interés máximo e inmediato en que solucionen sus problemas (ir a trabajar de manera segura, realizar trámites con la Administración).

A todo esto, se une la diversa realidad competencial del país en cuestión. Si nos vamos a España vemos que en el ámbito público tenemos los niveles de los municipios, mancomunidades, provincias, comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea, a los que hay que sumar las distintas entidades jurídicas de carácter público o público-privado-PPP (concesionarias de servicios públicos). Y cada uno tiene sus propias prioridades/intereses. Como se apunta ya en el ámbito de las PPP es donde mayor fricción puede existir  pues se está creando una modificación de las condiciones iniciales del contrato de concesión que pueden alterar la viabilidad económica/financiera del servicio.

En este contexto, las soluciones que ayuden a reestablecer o minimizar el impacto en el servicio público (como el transporte, por ejemplo) tendrán prioridad porque estarán alineados a la mayoría de los stakeholders de las smart cities: públicos, concesionarios, usuarios.

Esta situación va a transformar la cartera de proyectos y el status de madurez necesario para su implementación. Las smart cities siguen, o deberían seguir, una lógica tecnológica que el COVID está alterando.

De esta manera, se van a priorizar soluciones que no tienen suficiente base y con legítimas prevenciones sobre privacidad (como es el caso de la app de rastreo). Esto representará un impacto sobre los presupuestos ya aprobados (como el de la infraestructura tradicional). De nuevo, nos tocará ser flexibles y adaptarnos adecuadamente.

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